La igualdad formal por sí sola no asegura que las mujeres logren ejercer sus derechos en toda su dimensión, y resulta clave fortalecer su autonomía económica y su presencia en los espacios de decisión para reducir de manera efectiva la brecha de género.
En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, la ONG CODESPA recuerda que el reconocimiento de derechos legales, si bien fundamental, no es suficiente para lograr una igualdad real. Bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, esta conmemoración pone en evidencia la persistente distancia entre la igualdad formal y la igualdad práctica que experimentan las mujeres en su día a día.
Los datos globales muestran que la brecha sigue siendo considerable. Según el informe Women, Business and the Law 2024 del Banco Mundial, las mujeres poseen apenas el 64 % de los derechos legales que tienen los hombres. Por otra parte, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que casi seis de cada diez mujeres trabajan en la economía informal, lo que implica ausencia de protección social y garantías laborales básicas. Estas cifras reflejan que la igualdad jurídica, aunque esencial, no se traduce automáticamente en equidad efectiva.
La independencia económica como vía de empoderamiento
CODESPA destaca que la autonomía económica es un elemento clave para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, ya que disponer de ingresos propios les brinda la posibilidad de involucrarse en las decisiones de su hogar y de su comunidad, además de disminuir la dependencia estructural que muchas viven. Desde la organización señalan que “la justicia para las mujeres no solo queda plasmada en las leyes; se materializa cuando una mujer puede asegurar ingresos constantes y tomar parte en las decisiones que influyen en su entorno”.
Durante más de cuatro décadas, CODESPA ha llevado a cabo programas en 34 países de América Latina, África y Asia destinados a impulsar la autonomía económica de las mujeres. Estas acciones integran capacitación técnica y empresarial ajustada a cada realidad, facilitan el acceso a financiación o recursos productivos, ofrecen acompañamiento permanente en campo, colaboran con líderes comunitarios y fomentan la presencia femenina en espacios donde se toman decisiones.
Un componente central de estas estrategias es la creación y fortalecimiento de asociaciones de mujeres, que permiten compartir riesgos, intercambiar conocimientos y mejorar la capacidad de negociación dentro de la comunidad. El objetivo no se limita al incremento de ingresos, sino que busca ampliar el poder de decisión de las mujeres sobre su economía, su tiempo y su entorno social.
Transformaciones tangibles en comunidades vulnerables
La experiencia en terreno muestra que el acceso a recursos y formación puede transformar la vida de mujeres y comunidades. En el Corredor Seco de Guatemala, afectado por la inseguridad alimentaria y los impactos del cambio climático, María Elisa participó en un proyecto productivo diseñado por CODESPA. Al inicio apenas intervenía en reuniones, pero tras recibir formación técnica y participar en espacios de gestión colectiva durante tres años, su rol se consolidó. Gracias a los ingresos generados y la experiencia adquirida, hoy forma parte del comité de desarrollo local, influyendo activamente en la toma de decisiones comunitarias.
En el altiplano boliviano, en Pacajes, Lizeth y Estela Tantacalle contaban con habilidades artesanales heredadas de sus familias, pero carecían de acceso a mercados. A través de formación empresarial y acompañamiento, lograron profesionalizar sus productos, diversificar diseños y vender a través de canales digitales. La marca que hoy gestionan genera ingresos estables, ha incorporado a otras mujeres de la comunidad y ha contribuido a reducir la migración hacia las ciudades. Este caso demuestra que la autonomía económica fortalece la participación femenina en decisiones familiares y comunitarias, más allá del impacto financiero.
Los ejemplos evidencian un patrón consistente: cuando las mujeres logran ingresos propios y regulares, se fortalece su influencia en decisiones fundamentales. Su implicación en asociaciones, el acceso a información financiera y la interacción directa con clientes y proveedores amplían su presencia en ámbitos como la educación, las inversiones productivas y la dinámica comunitaria. CODESPA destaca que el empoderamiento económico constituye uno de los medios más efectivos para disminuir la dependencia estructural.
Rumbo a una igualdad genuina que trascienda el 8 de marzo
Aun con los progresos jurídicos alcanzados, ningún país ha logrado eliminar por completo las desigualdades de género, según señalan los principales organismos internacionales. No obstante, el debate público tiende a concentrarse en ajustes legislativos y en políticas de igualdad formal. Para CODESPA, esta conversación debe ir más allá: el reconocimiento legal de los derechos no es suficiente, se requiere impulsar políticas e inversiones que faciliten a las mujeres generar ingresos propios y asumir un papel activo en los procesos de decisión.
La organización subraya que la igualdad ante la ley solo cobra sentido cuando se respalda con estrategias constantes de inclusión económica, de modo que los derechos formales puedan convertirse en avances reales y perdurables para mujeres y niñas, mitigando desigualdades arraigadas y fortaleciendo el progreso social y económico dentro de sus comunidades.
La consolidación de la autonomía económica, sumada a la capacitación, la generación de ingresos y la implicación en la toma de decisiones, se convierte en un elemento esencial para convertir la igualdad jurídica en una igualdad plenamente efectiva. El Día Internacional de la Mujer recuerda que la defensa de los derechos de las mujeres exige medidas constantes y tangibles que trasciendan lo meramente legal.
Las experiencias de Guatemala, Bolivia y otros países donde CODESPA ha trabajado demuestran que los cambios son posibles cuando las mujeres cuentan con recursos, apoyo y espacios de decisión. La combinación de derechos legales, autonomía económica y participación activa marca la diferencia entre la igualdad teórica y la igualdad vivida en la práctica.
A medida que se desarrollan políticas y programas, el desafío consiste en garantizar que la igualdad legal se traduzca en oportunidades reales, asegurando que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y participar de manera efectiva en la vida económica y social de sus comunidades.
